La Florida infringe el artículo 5to. de la Ley de los Derechos Electorales, según se pronunció el Departamento de Justicia. Ese artículo requiere que el DOJ apruebe las acciones del estado que puedan tener “impacto dispar sobre los derechos de voto de las minorías” y por otra parte la ley federal prohíbe la depuración del padrón electoral (listado de votantes) dentro de los 90 días de una elección.

En cuanto a los 90 días, aun estaríamos a tiempo. Ahora veamos, el tema de las minorías afectadas. Yo integro una minoría por haber nacido en el extranjero. Cuando me convertí en ciudadana de los EE.UU., fui al DMV en St. Johns para obtener mi tarjeta de votante. La única pregunta que la empleada me hizo fue si yo era ciudadana americana, y me dio un formulario para completar. Sorprendentemente, ninguna línea de la aplicación pedía prueba de ciudadanía. Hoy las cosas no han cambiado, se sigue usando el mismo formulario y no se requiere exhibir prueba de ciudadanía.

Y aquí llegamos al vacío legal que nos trajo a la situación actual en la que mi voto y tu voto podrían diluirse con los votos de otros que ilegalmente ejercen un derecho que no tienen.
Por lo tanto, a qué minorías protege el Departamento de Justicia?
En una reciente encuesta de la Universidad Quinnipiac, CT, los anglosajones en la Florida apoyaron la eliminación de los votantes infractores en un 67% contra 29%, los hispanos la apoyaron en un 49% contra 42%. Pero la proporción se revirtió para los votantes negros que se oponían a “la purga” 56% contra 38%. El margen de error fue mayor en los grupos hispanos y afroamericanos (hasta un 9%). La muestra con 1.697 votantes registrados, incluyó 115 negros y 115 hispanos. Ergo, los votantes de la Florida apoyan abrumadoramente el esfuerzo del gobernador Scott para expulsar del padrón a quienes no tienen derecho a votar.

Sin embargo, la Senadora Nan Rich, demócrata por Weston, pidió a Scott que “deje de malgastar el dinero de los contribuyentes” en la purga de delincuentes electorales, y escribió en un comunicado que “nuestro gobernador republicano exhibe un comportamiento preocupante.” Humm…¿En serio?El intento de bloquear las acciones del estado contra quienes cometen delitos, bajo el criterio de que “resulta caro”, es inadmisible en una democracia.

El precio más alto que pagará nuestra comunidad es nuestra indiferencia a la justicia.