Prisiones de Illinois y Kentucky fueron denunciadas en un informe publicado por grupos activistas donde se enumeran presuntas violaciones a derechos de los detenidos, como la negación de acceso a asesoramiento legal, falta de atención médica y escasez de comida caliente.

El informe del Centro Nacional de Justicia para el Inmigrante (NIJC) y la Coalición de Derechos Humanos del Oeste Medio, llama al gobierno a reducir la detención de inmigrantes y persigue el cierre de tres correcionalespor serias deficiencias: Boone County Jail en Kentucky, y Jefferson County Jail y Tri-County Detention Center en Illinois.

Las conclusiones se basan en 21 visitas a esas prisiones desde el 2009, año en que la administración federal anunció reformas. “Cuando nadie controla se propicia un ambiente de negligencia y vulnerabilidad al abuso”, dijo Mary Meg McCarthy, directora ejecutiva de NIJC, haciendo referencia a la inactividad del gobierno federal en torno al asunto. Por su parte, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) negó las acusaciones y declaró que hay estrictos controles e inspecciones anuales y que las instalaciones mencionadas “recibieron calificaciones de aprobación”, informó la agencia AP.

Simultáneamente, en Nueva York durante una audiencia del Consejo Municipal (NY Municipal Council) , varios inmigrantes reportaron sus experiencias. “Nos merecemos un trato más humano”, dijo Cecilia Gentili, una inmigrante transgénero argentina, al contar que sufrió abusos verbales y físicos de otros presos y que los guardias ignoraban la situación.

Los funcionarios neoyorquinos criticaron al go-bierno federal por no dar respuesta a los pedidos de investigación presentados, y alegaron que la falta de supervisión de las instalaciones de detención se debe a que el 50 por ciento de ellas pertenecen a capitales privados.