POR MARIA D’ADAMO

Georgia, al igual que Arizona, es hogar de casi medio millón de indocumentados.Sin embargo, el panorama de la inmigración ilegal es distinto en ambos estados.Esa es la razón por la cual la nueva ley HB87, que dispone sobre los indocumentados en Georgia, es objeto de encendido debate.

Georgia mira a la inmigración ilegal desde una perspectiva singular y propia. El tema central en el estado no es la seguridad de frontera o el crimen organizado como en Arizona sino el costo público de los servicios a los que tienen acceso medio millón de indocumentados. Este es un costo pesado en el presupuesto del estado. “Hasta alcanzar una solución nacional, seguiremos sosteniendo un sistema de inmigración inoperante. Pero mientras tanto, los estados debemos actuar para proteger a nuestros contribuyentes,” declaró Nathan Deal, al promulgar con su firma la ley HB87.

De acuerdo con Paul Balducci, abogado de inmigración de Augusta, si nos detenemos en el articulado de la ley, vemos que la intención de reducir el número de inmigrantes ilegales se centra, en principio, en aquellos que cometen delitos y van a la cárcel. “Nada en esta ley dice que alguien pueda ser arrestado o incriminado por el delito de traspaso,” dijo Balducci al señalar las diferencias sustanciales con la HB1070 de Arizona que aún no entró en vigor por haber sido apelada.

Que cambios introduce la nueva ley?
Abogados y fuerzas del orden público coinciden en señalar a las violaciones de tránsito como las típicas circunstancias que exponen a un indocumentado. Individuos detenidos por una simple infracción de velocidad o cruce de semáforo -delitos menores- terminan en la cárcel, cuando el oficial de tránsito descubre que quien conduce no tiene licencia.

La nueva ley requiere que las cárceles realicen los esfuerzos necesarios para identificar la nacionalidad del detenido y su estatus migratorio, verificación que deben realizar dentro de las 48 horas de confinar al sujeto. Si no se pudie-se corroborar en ese plazo, las autoridades penitenciarias deberán tomar contacto con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). “La ley no impide que el detenido pueda salir bajo fianza u de otro modo,” explica Balducci. “Además, el hecho de que ICE intervenga no siempre implica que el detenido vaya a ser deportado.”

Al decir de los expertos en inmigración, la ley HB87 no da instrucciones nuevas respecto de los detenidos por un delito mayor (siempre ha sido contactar a ICE). En lo que la ley ha sufrido modificación es respecto al delito de identidad fraudulenta. HB87 considera ‘felonía’ al uso de una identidad ficticia o perteneciente a un sujeto fallecido con el propósito de obtener trabajo; y ahora impone sanciones de hasta 15 años de cárcel y multas que alcanzan los $250.000 a quienes utilicen documentación falsa para ese fin.

El camino más difícil
En las granjas de arándonos de Jacksonville, FL, Gregorio T, (28) inicia muy temprano su dia de cosecha. Junio marca el fin de temporada del codiciado fruto, pero no para el incansable migrante que hizo de la cosecha su modo de vida.

Hacia mediados de Julio todos los años, él y su esposa viajan a Georgia para trabajar en los campos de batatas hasta el mes de diciembre. Pero Gregorio es hoy un indocumentado más, atemorizado por lo que cree será una caza de brujas. “Se habla tanto de la ley de Georgia que no nos vamos a arriesgar a ir,” dijo a Eco Latimo. “Tenemos pensado ir a Carolina del Sur para la cosecha de papa. Somos gente trabajadora y de buena fe que el único delito que cometimos hace 6 años fue cruzar la frontera para venir a la cosecha en Estados Unidos,” dijo el mejicano.

Gregorio intentó tomar el camino correcto y en su Mata-moros natal dice haber aplicado para la visa agrícola en el consulado americano durante años. Desafortu-nadamente, nunca logró ser patrocinado.Año tras año la embajada le informaba que la cuota de visas H2A se había agotado.

El mejicano no esta solo en su incredulidad acerca del programa federal. El director ejecutivo de la Asociación de Productores de Frutas y Vegetales de Georgia, Charles Hall dijo que el programa es poco confiable e impone un alto costo a los granjeros al tiempo que sólo produce 7,000 trabajadores cuando la cosecha en Georgia necesita 40,000. En la actualidad, mas de la mitad de la industria agrícola que en Georgia mueve 1.1 billón de dólares, está en manos de trabajadores indocumentados. La paradoja es que la nueva ley obliga a las granjas con mas de 10 empleados a participar del programa federal E-Verify que controla el estatus migratorio de los trabajadores. En el 2013 todo el sector deberá haber ingresado en el sistema. Y aún cuando la ley no ha entrado en vigor, los productores están reportando gran baja en la oferta de mano de obra local.

Tierra de oportunidades
El pastor Ángel Maestre lidera la nutrida congregación del Centro Cristiano Oasis de Salvación en Augusta. En la comunidad latina hay falta de confianza respecto de la nueva ley, dijo el pastor. “Los abusos y la violación de los derechos humanos que la policía pueda cometer, es un temor.”

“Me preocupa también el miedo de nuestra gente que pueda dejar sus trabajos de toda la vida por falta de información.” Maestre abocó por llevar mayor educación y conocimiento a los hispanos para evitar un éxodo en la producción local.

“La ley HB87 entrará en vigor el próximo 1ro de Julio, y nuestra misión es la de llevar paz a la comunidad y ayudar a revertir el miedo,” concluyó. ))